(por Clarín.com)

El proceso de liberación de presos políticos cubanos iniciado el pasado 12 de julio como consecuencia de la mediación de la Iglesia Católica cubana pudo bien haber estado destinado a disimular el suicidio de Orlando Zapata tras 85 días de huelga de hambre y el camino similar que Guillermo Fariñas había comenzado a transitar . Porque ambos episodios generaron repulsa en el mundo entero , incluyendo la de algunos intelectuales de izquierda que hasta ahora no se habían pronunciado sobre la cuestión de los prisioneros de conciencia.

El proceso sigue adelante, aunque lentamente.

Sólo 26 de los 75 disidentes que estaban detenidos han sido hasta ahora liberados. Los demás, aún no. Sólo aquellos que se comprometen a irse de Cuba obtienen su libertad. Lo que, en sí mismo, supone una violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos .

Cuba puede, pese a todo, no haber cambiado mucho. Porque acaba de producir tres nuevos encarcelamientos de disidentes. Ahora Luis Enrique Labrador Díaz, Eduardo Pérez Flores y Michel Rodríguez Ruíz. Todos ellos fueron detenidos en las escaleras de la Universidad de La Habana, el 16 de agosto pasado y trasladados a prisiones en La Habana y en la provincia de Matanzas.

Los tres pertenecen al Partido Cuba Independiente y Democrática, ilegal en un país en el que tan sólo el Partido Comunista está permitido.

El anuncio lo acaban de hacer las Damas de Blanco , organización que agrupa a las esposas de los presos políticos.

Ocurre que la que sigue presa es la libertad.

Para ella no hay, por ahora, demasiado espacio en la isla. Particularmente para la libertad de opinión, aquella que define esencialmente al ser humano. Libertad que quienes pretenden monopolizar el poder tratan de ahogar, en cuanto pueden.

El tabaco sale desde hoy de la cartilla de racionamiento cubano, de la que también salieron las papas en 2009, dentro de la lógica de la “actualización del socialismo” del presidente Raúl Castro que pretende poner fin a los excesos del estado asistencial.

El fin de la cuota de cigarrillos negros y rubios que recibían los cubanos, según la edad, casi a precio de costo, atiza ahora la polémica sobre si es pertinente o no mantener la cartilla, y refuerza las expectativas de nuevos cambios en ese sentido.

Vigente desde 1962, la cartilla de racionamiento entrega a precios simbólicos granos, azúcar, pollo, pescado, huevos, arroz, café, aceite, pastas, pan entre otros productos -cuando hay- a los 11,2 millones de habitantes del país, mediante un meticuloso sistema de regulaciones por gramos en función de la edad del receptor, incluso del municipio en que reside.

Muchos cubanos aseguran que lo suministrado a precios subsidiados no les dura más allá de una o dos semanas por lo que tienen que acudir a las tiendas de precios liberados, a las que venden en divisas, o al mercado negro.

Para Magalys Huerta, una obrera de 43 años, la mejor opción sería eliminar la cartilla pero que el Estado garantizase una oferta constante de todos los productos con precios en pesos cubanos acordes con los salarios.

“Nada de lo que da (la cartilla) es suficiente. Al final tengo la presión de buscar a un bodeguero que me venda lo que me hace falta antes de que se le acaben las cosas. Yo preferiría comprar lo que necesito, cuando lo necesito”, dijo Huerta a Efe.

Según Beatriz, de 29 años, definitivamente la cartilla “no cumple las expectativas” y resulta “absurdo” que productos como las almohadillas sanitarias aún sean distribuidos dentro de ese sistema que desde hace años propicia “ilegalidades”.

Mientras que algunos venden -ilegal pero abiertamente- lo que les sobra de la cuota mensual, son más los que tienen que acudir al mercado negro para conseguir los productos que a través de la cartilla no les alcanzan, y muchas veces es el mismo bodeguero que distribuye las cuotas quien ofrece “por la izquierda” aceite, azúcar o arroz.

Más allá del tabaco, que para muchos es un producto no necesario, el verdadero debate en Cuba versa sobre la posibilidad de que se acaben eliminando otros que sí son indispensables, como pan, huevos y granos.

El presidente Raúl Castro ha llamado a eliminar el “exceso de gratuidades” y los “subsidios indebidos”, a controlar y administrar mejor los escasos recursos nacionales y a reducir las importaciones, en un país que importa más del 80 por ciento de los alimentos que consume.

En los últimos meses varios medios oficiales se han hecho eco de opiniones que indican que un sector de la sociedad cubana no está preparado para sobrevivir sin la cartilla, y otras que ven su permanencia como un freno que perpetúa el “paternalismo” estatal.

El economista disidente Óscar Espinosa Chepe cree que la desaparición de los cigarrillos de la cartilla es una decisión que apunta al “camino correcto”, pero tiene que ir acompañado “por medidas colaterales”.

“Está claro que hay una política de liquidar paulatinamente el racionamiento en Cuba, pero pienso que es necesario buscar compensaciones para determinados sectores de la población que van a ser muy perjudicados por esas políticas”, dijo Espinosa a Efe.

Además de las medidas relacionadas con la cartilla salen a relucir otras regulaciones para disminuir los gastos estatales y reducir importaciones, como el cierre de comedores obreros.

Tras la polémica que supuso el cierre parcial de esos comedores, el periodista cubano Ariel Terrero, especializado en temas económicos, mencionó cómo las “rutinas” de “paternalismo extremo” se malinterpretan como sinónimo de socialismo.

“Los cambios suelen provocar escozor, saltos de estómago y polémicas. Más aún, si apuntan hacia la comida. No importa que el consenso social clame por transformaciones económicas en Cuba”, indicó Terrero en la revista Bohemia.

En su opinión, la economía cubana tiene ahora el desafío de “superar la práctica del Estado como gran y sagrado administrador de todos los recursos, para avanzar hacia una participación efectiva de los trabajadores en la ejecución y el control de gastos y beneficios”.

Entrevista en Noticias Medianoche al disidente cubano Jesús Mustafá. Pertenece al grupo de disidentes excarcelados por el gobierno de Cuba y enviados a España en los últimos meses. Jesús Mustafá ha venido a vivir a Burgos, y asegura que le gusta mucho la ciudad y la hospitalidad de los burgaleses.

Jesús Mustafá asegura que fué encarcelado por participar en una recogida de firmas. Por eso ha pasado 8 años en prisión. Ahora se siente desterrrado y no liberado porque nada más sacarle de prisión le metieron en un avión sin poder despedirse de su familia.

Para ver el vídeo de la entrevista, pinchar aquí.

Activistas de la disidencia interna cubana denunciaron este domingo el traslado a prisiones de ocho opositores, tres en La Habana, y cinco en Guantánamo (este), tras varios días de arresto sin que la fiscalía les haya abierto causa judicial.

Se trata de Luis Labrador, Eduardo Pérez y Michel Rodríguez, miembros del ilegal Partido Cuba Independiente y Democrática, detenidos el 16 de agosto tras una protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana.

Dos de ellos fueron trasladados a prisiones de La Habana y uno a un centro penitenciario de Matanzas (100 km al este de La Habana), acusados de “escándalo público”, dijeron los disidentes.

“Ellos no cometieron ningún delito, solamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y a manifestarse, y sin embargo los quieren encausar”, señaló Sarah Marta Fonseca, detenida junto a los tres, pero liberada posteriormente.

Por su parte, el activista de los derechos humanos, Elizardo Sánchez, dijo a la AFP que otros cinco opositores fueron detenidos el 12 de agosto, tras una reunión política en una vivienda en Guantánamo, extremo este de Cuba.

Ellos son: los hermanos Ernesto y Rolando Rodríguez Lobaina, Francisco Manzanet, Roberto González, y Enyor Díaz, todos internados en la prisión provincial.

Los encarcelamientos, aún no confirmados por las autoridades, se producen en medio de un proceso de liberación gradual de 52 presos políticos, resto en prisión de los 75 disidentes condenados en 2003, resultado de un diálogo entre la Iglesia y el Gobierno, con el apoyo de España.

Laura Pollán, líder de las Damas de Blanco, familiares de esos presos políticos, dijo a la prensa que la excarcelación de sus parientes es importante, “pero más importante para el país es que cambien las leyes”, pues es contradictorio que “mientras liberan a unos, encarcelan a otros”.

En Cuba “no deben existir mas presos políticos”, dijo.

Al anunciar públicamente la excarcelación de los presos, el pasado 1 de agosto, el presidente Raúl Castro advirtió que “nadie se llame a engaño. La defensa de nuestras sagradas conquistas, de nuestras calles y plazas, seguirá siendo el primer deber de los revolucionarios a quienes no podemos privar de ese derecho”.

La salud del preso político en huelga de hambre, Julián Antonio Moné Borrero, ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, se agrava por días, afirmó el opositor pacífico Segundo Cabrera González en comunicación telefónica con Radio Martí.

Tras más de 50 días en huelga de hambre, Moné Borrero está presentando “problemas hepáticos muy graves, inflamación en el hígado, alteración de la presión, frecuencia muy baja de la presión y el ritmo cardíaco, y un estado clínico muy grave para su salud”, afirmó.

Cabrera hizo un llamado de alerta urgente a la comunidad internacional, ante la situación que afronta Moné Borrero. “Estamos haciendo este llamado y responsabilizamos a Fidel y Raúl Castro, si este querido hermano muere en la huelga de hambre”, resaltó.

El prisionero político está realizando la huelga de hambre para pedir su liberación inmediata, ya que afirma que fue sancionado injustamente a dos años de cárcel, únicamente por exigir el respeto de los derechos humanos de los cubanos.

Seis nuevos detenidos políticos cubanos serán “próximamente” liberados y viajarán a España, en el marco de la liberación gradual de 52 opositores condenados en 2003, de los cuales 26 ya fueron excarcelados, anunció este martes la Iglesia Católica de Cuba.

Los prisioneros son el periodista Víctor Arroyo, de 57 años de edad, quien purga una condena de 26 años; Alexis Rodríguez (40), tecnólogo de alimentos condenado a 15 años; Leonel Grave de Peralta (34), quien dirigía una biblioteca independiente y purgaba una pena de 20 años, y Alfredo Domínguez (48), condenado a 14 años de cárcel.

También Próspero Gainza (53), con una condena de 25 años y Claro Sánchez (56), con una pena de 15 años, según una nota del Arzobispado de La Habana, entregada a la prensa.

Los seis fueron acogidos como prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional y residen en diferentes provincias cubanas, ninguno en la capital, por lo que deben ser concentrados en la prisión Combinado del Este, en La Habana, antes de salir al aeropuerto.

Los familiares ya recibieron el aviso de viaje por parte de los presos y de las autoridades.

“Estamos en los preparativos pues parece que la salida va a ser muy rápida”, dijo telefónicamente a la AFP Melba Hernández, esposa de Domínguez, quien se alista en las Tunas, 700 km al este de La Habana, junto a otros siete familiares que lo acompañarán.

Los familiares de provincias son trasladados a La Habana y hospedados en una instalación del ministerio del Interior para los trámites migratorios y el chequeo médico.

Hernández dijo que, no obstante, tienen “un disgusto muy fuerte” pues le limitaron la cantidad de familiares acompañantes y de los once que tenían pensado viajar, sólo lo podrán hacer ocho: ella, dos hijos (de 35 y 20 años), un nieto, así como una hermana y tres sobrinos de Domínguez.

Espera que sus hijos puedan continuar sus estudios universitarios en España y su esposo atender mejor su salud, pues padece de gastritis crónica y hernia.

Con este grupo ya suman 32 los presos liberados que han aceptado viajar a España.

Tras un inédito diálogo entre el presidente Raúl Castro y el Cardenal Jaime Ortega, iniciado el 19 de mayo pasado, el Gobierno decidió la liberación de 52 presos políticos, resto en la cárcel de los 75 disidentes encarcelados en 2003.

El proceso de excarcelación y salida del país, fue bien recibido por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, aunque dividió a la disidencia interna, entre los que apoyan o critican la mediación que realiza la Iglesia Católica, liderada por el Cardenal Ortega, con el apoyo del Vaticano.

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Personalidades de la política y de la cultura españolas han encabezado la lista con más de 51.000 firmas que acompañan a la petición por la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos cubanos, que fue entregada ayer viernes al Gobierno de La Habana.

Entre esta lista, iniciada por la de la madre del fallecido disidente Orlando Zapata Tamayo, Reina Luisa Tamayo y 2.000 más del interior de Cuba, se encuentran las del director de cine Pedro Almodóvar, los cantantes Víctor Manuel y Ana Belén, la actriz Pilar Bardem, la premio Nobel Herta Müller, el escritor italiano Roberto Saviano o políticos como Jordi Pujol.

La entrega fue realizada un grupo de cinco activistas del partido Cuba Independiente y Democrática (CID) en las oficinas que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba tiene en el municipio Playa, en La Habana. Los funcionarios han aceptado el paquete de firmas pero rechazaron el sobre que las contenía debido a que impreso llevaba el rostro de Zapata Tamayo.

La recogida de firmas ha sido auspiciada por la campaña “Yo acuso al gobierno cubano”, que declaró a través de un comunicado su intención de seguir recogiendo nombres para “lograr la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos cubanos, así como el respeto de los derechos humanos en la isla”.

“Para ello será fundamental que los cambios y reformas del gobierno cubano, si es que existen, vayan más allá de medidas cosméticas y, por el contrario, supongan el desmantelamiento de la maquinaria represiva estatal”, añadió la nota.

Cinco opositores podrían ser llevados a juicio en las próximas horas en Guantánamo, acusados de un presunto delito de “desorden público” durante el acto de repudio que simpatizantes del régimen realizaban frente a una vivienda, informaron fuentes de la disidencia.

Los hermanos Néstor y Rolando Rodríguez Lobaina, Enyor Díaz Allen, Francisco Luis Manzanet Ortiz y Roberto González Pelegrín están detenidos desde el 12 de agosto en el cuartel de la Seguridad del Estado de Guantánamo. Los cinco se mantienen en huelga de hambre.

Jorge Corrales, de la junta de coordinadores de la Alianza Democrática Oriental (ADO), dijo a Diario de Cuba que las autoridades informaron este jueves que aún no han tomado una decisión sobre los detenidos, pero que podrían acusarlos de “desorden público”.

“Les han dicho que pasado mañana decidirían si los procesaban o si tendrían prisión provisional”, señaló Corrales.

Una menor de edad, que fue llevada por sus padres a repudiar a los disidentes, resultó lesionada durante el lanzamiento de botellas protagonizado por los simpatizantes del régimen.

“En un primer momento, la Fiscalía intentó imputar a los cinco activistas por las heridas de la menor, pero luego desistieron de la idea, porque era demasiado increíble, y ahora hablan de un delito de ‘desorden público’”, informó a Diario de Cuba el periodista independiente Luis Felipe Rojas.

Según el Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami, los activistas se reunieron el 11 de agosto para denunciar el arresto arbitrario de los disidentes Yordis García Fournier y Eriberto Liranza Romero, acaecido en plena vía pública ese día.

Desplegaron una bandera cubana y carteles antigubernamentales desde un apartamento de la ciudad de Baracoa, pero inmediatamente después fuerzas combinadas del régimen convocaron a agentes y miembros de las “brigadas de respuesta rápida”, con piedras y botellas, para contrarrestar la manifestación opositora.

“Arremetían con piedras y todo tipo de objetos contra la vivienda del opositor pacífico Néstor Rodríguez Lobaina, causando a este y otros activistas que se encontraban dentro de la misma golpes y hematomas, así como severos daños a la vivienda y roturas de persianas”, denunció el activista Randy Caballero Suárez, según el Directorio.

La información menciona la participación en el acto de repudio de una enferma mental llamada Mijailé y del ciudadano Evangelio del Pinor.

De acuerdo con la denuncia, ambos fueron “agasajados” por el Departamento de Seguridad del Estado por su “valiente y destacada participación en el acto de repudio”, y “recibieron queso, jamón y aceite de cocina”.